CARTA ORGÁNICA

CONSENSO FEDERAL

LINEAMIENTOS BÁSICOS PARA UN GOBIERNO DE UNIDAD NACIONAL

Después de años de desencuentros entre los argentinos y de políticas que han provocado un enorme deterioro económico y social, así como un retroceso del país en el concierto de las naciones, un conjunto de organizaciones políticas, sociales, sindicales, empresariales y de personas, preocupadas por el futuro de la Nación y dispuestas a contribuir al propósito de una firme recuperación, elaboraron los siguientes “Lineamientos Básicos para un Gobierno de Unidad Nacional”, basado en preceptos profundamente humanísticos, apuntados al desarrollo integral para alcanzar un Estado con justicia y prosperidad.

RESUMEN TEMÁTICO
CONVOCATORIA A LA UNIDAD, EL DIÁLOGO, LA CONCERTACIÓN Y LA FORMULACIÓN DE ACUERDOS BÁSICOS

La situación que atraviesa la Argentina torna imprescindible trabajar con seriedad en una amplia convocatoria a la concertación para establecer un rumbo estratégico, inspirado en una visión de largo plazo, capaz de guiar el destino nacional más allá de los gobiernos de turno, con la participación y el esfuerzo mancomunado de toda la sociedad.

A través del diálogo se deben encontrar acuerdos básicos, para luego convertirlos en políticas de Estado. Eso posibilitará reglas de juego estables, la reducción de la conflictividad social y la reiteración traumática de cambios bruscos y cíclicos de las políticas, que destruyen la credibilidad y la confianza.

Ninguno de los graves problemas estructurales de la Argentina puede resolverse en el plazo de una gestión gubernamental. Todos exigen estrategias de mediano y largo plazo. Basta, por ejemplo, mencionar la acuciante responsabilidad de una reformulación integral del sistema de seguridad social, para garantizar su sustentabilidad económica, gravemente amenazada, y el mejoramiento de las prestaciones a jubilados y pensionados. Sólo esta continuidad en la acción puede evitar que la natural y deseable oscilación del péndulo de la política suponga volver periódicamente a fojas cero, con la consiguiente frustración de las expectativas de la sociedad.

Esa amplia concertación requiere la inteligencia necesaria para encontrar coincidencias básicas y promover consensos que beneficien el interés general. No puede ser sólo el recurso desesperado de gobiernos en situaciones de crisis, que intentan transferir a todo el sistema político el fracaso de su gestión.

Por ello, es imprescindible generar un tramado institucional que hagan del diálogo una práctica permanente de la vida republicana. Es necesario encauzar la participación activa y responsable de las fuerzas políticas, las entidades representativas de la producción y del trabajo, las provincias, las instituciones académicas y todas las organizaciones de la sociedad civil.

En esa dirección, es imperioso avanzar hacia la constitución de un Consejo Económico y Social, de un Consejo Federal de Planeamiento Estratégico, con la representación de las provincias y la asistencia técnica del Consejo Federal de inversiones (CFI), y de un Consejo de Estado integrado por representantes de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria.

INSTITUCIONES FUERTES,  ESTABILIDAD Y PROFUNDIZACIÓN DE LA DEMOCRACIA

Un modelo de desarrollo con capacidad de atender las problemáticas de los sectores más desprotegidos de la sociedad y asegurar mejores condiciones de vida para las generaciones futuras, necesita sostenerse en instituciones sólidas que garanticen previsibilidad y generen confianza en la ciudadanía.

La política es una herramienta para la transformación de la realidad. A tal fin, es necesario reconcebir a los partidos políticos como columnas del sistema democrático, de modo de que vuelvan a dar sentido a su representación, abriendo nuevos ámbitos para la participación social.

Los partidos tienen que ser también actores fundamentales para la construcción de consensos y políticas de Estado, sustentos de la gobernabilidad y escuelas de formación de nuevos liderazgos, que ayude a la renovación de los elencos dirigentes.

Corresponde asimismo reconocer el rol de las mujeres y los jóvenes, que son parte de las nuevas transformaciones sociales y culturales que la política debe saber interpretar. Esto facilitará su inclusión en los ámbitos decisorios de la vida pública y el establecimiento de una perspectiva de género como parte sustancial de todas las políticas de Estado.

La profundización de la democracia implica que el sistema institucional otorgue una garantía eficaz para la vigencia de los derechos de las personas, la implementación de mecanismos efectivos de participación ciudadana y social, así como el pluralismo y la alternancia.

El Estado de Derecho implica un funcionamiento armónico y equilibrado de los tres poderes del Estado, asegurando su funcionamiento preciso, responsable e independiente, dentro de las competencias que les asigna la Constitución Nacional.

La creación de las condiciones de competitividad e inserción internacional que requiere la Argentina demandan, como requisito ineludible, ciertos aspectos institucionales fundamentales, como la existencia de un Poder Judicial independiente y creíble, de un sistema de representación popular basado en la equidad y la transparencia en las competencias electorales.

UN PROYECTO DE DESARROLLO INTEGRAL

Para salir de la actual situación de recesión, endeudamiento irresponsable y empobrecimiento colectivo, la Argentina necesita dejar atrás la lógica del ajuste y formular un proyecto de desarrollo integral que le posibilite desplegar la inmensa potencialidad de sus recursos humanos y naturales, generar las condiciones para promover la inversión productiva, fortalecer el mercado interno e impulsar el comercio exterior, para garantizar un crecimiento sustentable y un mejoramiento efectivo en el nivel de vida de nuestro pueblo.

Los discursos optimistas no alcanzan para cambiar la realidad. Se necesitan ideas nuevas y cursos de acción apropiados a las circunstancias. El aperturismo ingenuo ignora que en el mundo de hoy la competencia internacional tiene un carácter sistémico. No es sólo microeconomía sino también, y fundamentalmente, macroeconomía. No compiten únicamente las empresas, sino los países y las regiones.

La competencia se libra entonces entre sistemas integrales de organización y decisión. Por eso, el mejoramiento de la competitividad empresarial tiene que sustentarse en una estrategia nacional orientada a la organización del sistema productivo argentino y de sus niveles de eficiencia institucional.

El objetivo es una modernización internacionalmente competitiva de la economía argentina, que eluda el grave peligro de su reprimarización.

Esto implica utilizar los beneficios derivados del despliegue inmediato de la enorme potencialidad exportadora de aquellos sectores que ya presentan ventajas competitivas, como la agroindustria, la energía, los recursos minerales y las industrias del conocimiento, para construir un sólido sistema productivo que, a partir de la transformación de las materias primas en productos de alto valor agregado, nos permita adquirir la diversificación necesaria para hacer de la Argentina un actor de importancia en el comercio internacional.

La preservación del medio ambiente y de los recursos naturales, así como la promoción del uso de las energías limpias, serán parte fundamental de este modelo de desarrollo, como la inversión en ciencia y tecnología y el aliento a la innovación en todos los campos, a través del apoyo a la creación de nuevos polos tecnológicos.

De este modo será posible avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo que premie la actividad productiva y desaliente la especulación financiera, con una implementación inteligente que posibilite a las empresas nacionales, sobre todo a las pequeñas y mediana, un proceso de transición para ponerse a la altura de los cambios operados en el sistema mundial.

Para mejorar la competitividad, es también imprescindible una reforma impositiva progresiva, que reduzca la exorbitante presión fiscal que asfixia a la producción y al trabajo de los argentinos, para avanzar hacia una carga que aliente la inversión y recaiga, de manera virtuosa y efectiva, sobre aquéllos que más tienen y más ganan.

Esa estrategia de desarrollo tiene que basar su sustentabilidad en el equilibrio macroeconómico, la eliminación del déficit en el sector público y en la cuenta corriente del balance de pagos, la drástica reducción de la inflación, el control de las estructuras monopólicas y oligopólicas y el mejoramiento sustancial de los niveles de transparencia administrativa, para recuperar la previsibilidad de la economía y la confianza de los inversores.

En este contexto, cada vez cobra mayor valor para el desarrollo y la competitividad de la economía la calidad de los bienes públicos: educación, salud pública, justicia, seguridad ciudadana, vivienda y medio ambiente. Esto requiere una profunda reorganización del Estado que contemple una reasignación de prioridades y la optimización de estos factores y sistemas, cuidando la preservación de la dignidad de las personas, con especial atención a la niñez y a la tercera edad, en beneficio de la prosperidad del conjunto.

UNA ECONOMÍA DE MERCADO CON UN ESTADO PROMOTOR DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y LA JUSTICIA SOCIAL

El fortalecimiento de una sólida economía de mercado, basada en la iniciativa privada, es una condición indispensable para el desarrollo nacional. Esto exige la plena liberación de toda la enorme capacidad creadora de nuestras fuerzas productivas.

La misión del Estado es promover la actividad económica, no asfixiarla. La Argentina necesita un Estado fuerte, activo y eficiente, puesto al servicio del progreso social y el bienestar general. Ni un Estado burocratizado e ineficiente, ni tampoco uno capturado por los negocios particulares de los grupos de poder. Esto implica crear un Estado inteligente, con capacidad para el planeamiento estratégico, con un rol protagónico en la innovación científica y tecnológica, en la preservación del medio ambiente, provisto de adecuadas facultades de control y una aptitud de liderazgo para impulsar acciones mancomunadas con la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad.

Para ello, es preciso terminar con la improvisación en la administración de un Estado convertido en botín de guerra de la política y elegir funcionarios públicos competentes, designados por su idoneidad profesional y no por su filiación partidaria, sus vinculaciones personales o empresarias para sean funcionales a esos intereses.

El funcionamiento de la administración pública debe incorporar una visión de mediano y largo plazo, que vaya más allá del cortoplacismo electoral. La eficiencia en la gestión es una condición indispensable, pero nunca puede sustituir la noción de proyecto o la idea convocante de Nación. Una gestión, aún eficiente, que no esté sustentada en un proyecto transformador es conservadorismo, no cambio.

La política y la gestión estatal tienen que fundarse en una visión profundamente humanista y una agenda de prioridades claramente orientada hacia los sectores más desfavorecidos. “No más niños pobres en la Argentina” debe ser el lema inspirador para afrontar las urgencias del presente con una visión de futuro.

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES: EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA UN TRABAJO CON DIGNIDAD

En esta nueva sociedad del conocimiento, la educación es una herramienta fundamental para la justicia social, la igualdad de oportunidades y el progreso individual y colectivo.

La vertiginosa aceleración de los adelantos científicos y los cambios tecnológicos representan un gigantesco desafío al mundo del trabajo. La respuesta es encarar una verdadera Revolución de la Educación y del Trabajo que promueva las condiciones para que todas las personas puedan participar activamente de los beneficios de este nuevo tiempo.

Todos los argentinos, sin distinción, con independencia de su edad, condición social o lugar de nacimiento o residencia, deben tener aseguradas las posibilidades de desarrollar sus capacidades, individual y colectivamente, de manera competitiva. El nuevo nombre de la justicia social es la igualdad de oportunidades y el único camino es la educación.

Este replanteo profundo exige una política nacional en su concepción, y descentralizada en su ejecución, orientada a la transformación integral del sistema educativo en todos sus niveles. Requiere incluir como prioridades la jerarquización de la profesión docente, atender la educación inicial, la universalización de la enseñanza primaria, la generalización del doble turno escolar, la concreción de la obligatoriedad de la escuela secundaria, la articulación de las universidades y de los institutos de enseñanza con el mundo productivo, teniendo en cuenta las distintas realidades regionales, sin dejar de observar la evolución de los modelos educativos internacionalmente exitosos.

El sistema educativo está hoy también más obligado que nunca a inculcar valores éticos y morales, porque su finalidad no se agota en la preparación para el mundo del trabajo. Es, ante todo, una trasmisión de enseñanzas y estrategias para la vida social. Sólo así será posible recrear una cultura del trabajo y responder a las exigencias de una sociedad cada vez más compleja, generando condiciones efectivas para la reducción de las desigualdades sociales.

La educación no puede concebirse únicamente como una instancia de la vida, sino como una dimensión permanente de la existencia humana. Es necesario crear un “cuarto nivel” educativo, más allá del sistema formal., asociado al mundo del trabajo, para incorporar nuevos conocimientos y capacidades, como el pensamiento digital, ya no durante una etapa determinada sino de una manera permanente. En esta tarea impostergable, es necesario otorgar un rol decisivo a las organizaciones sindicales, destinadas a convertirse en nuevos actores del sistema educativo del siglo XXI.

La Argentina tiene que anticipar el debate sobre la automatización de los procesos productivos y los avances de la inteligencia artificial para definir estratégicamente cómo preparamos a los jóvenes (y también a los adultos), a las instituciones educativas y a las estructuras del Estado, de manera que las nuevas tecnologías no impliquen una ampliación de la brecha social sino, al contrario, un camino para acceder a nuevas y mejores oportunidades de trabajo.

GOBERNAR ES GENERAR PROSPERIDAD Y CREAR TRABAJO

Los desafíos principales de la gobernabilidad están relacionados con la creación de condiciones para mejorar la vida de las personas. El Estado no puede limitarse al rol de mero administrador de fondos públicos, que siempre serán insuficientes en relación a las demandas. Tiene que cumplir un rol activo como generador de la prosperidad necesaria para cumplir esos objetivos. Luego, impulsar una política distributiva que tendrá que hacer su parte.

Gobernar también es crear trabajo. La justicia social manda la creación de trabajo formal y digno para todas las personas. Asumimos el debate sobre las nuevas formas y modalidades que los avances de la ciencia y de la técnica imponen al trabajo humano en nuestra época y el futuro inmediato, pero siempre a partir de la convicción inquebrantable de que el trabajo en condiciones dignas es un requisito indispensable para la realización de la persona humana.

Esa exigencia supone la necesidad de avanzar hacia la incorporación al empleo formal de los millones de trabajadores que, por estar fuera de la ley, se encuentran hoy sometidos a condiciones laborales indignas, privados de sus derechos y carentes de la cobertura de la seguridad social.

A fin de posibilitar una mayor generación de empleo y condiciones más favorables para la inversión, cuando la oportunidad lo indique, esto es en momentos de expansión de la economía, será necesario encarar una modernización en el régimen de trabajo, que en cada una de las actividades productivas tendrá que ser consensuada entre las entidades empresarias y las organizaciones sindicales.

La movilidad social ascendente tiene que volver a estar en la base de la cultura de los argentinos. Esta perspectiva implica dejar atrás las visiones que circunscriben el tema de la pobreza a la “inclusión social”, que en realidad no están orientadas a erradicar la marginalidad sino a una simple tarea de contención, a través de la perpetuación de un asistencialismo estatal asociado al clientelismo político.

Esto exige que el Estado no sólo genere condiciones para la igualdad de oportunidades, sino que también atienda al hecho de que las víctimas de las desigualdades sociales preexistentes requieren un tratamiento especial y prioritario, para que ellos y sus familias tengan la posibilidad de salir definitivamente de la pobreza.

En ese sentido, es prioritario encontrar los mecanismos financieros que posibiliten la implementación efectiva de la ley que establece el acceso a la propiedad de la tierra y la vivienda digna para los centenares de miles familias que no tienen por si solas la posibilidad de acceder a ellas.

FEDERALISMO Y REDISEÑO DE LA GEOGRAFÍA ECONÓMICA

La Argentina es un país unitario con una Constitución federal. El desafío de la desigualdad no involucra solamente la disparidad de ingresos entre los distintos sectores sociales, sino también los enormes contrastes entre las distintas regiones del país, que tienen como consecuencia la concentración demográfica en los grandes conurbanos, con una incidencia cada vez mayor en el tema de la inseguridad pública. Tenemos que rediseñar la geografía económica argentina, para transformar la actual estructura centralista y macrocéfala, y avanzar en un camino que posibilite el desarrollo autónomo de todas las regiones y provincias argentinas, de manera de generar las bases materiales de un federalismo real, que no se limite a la letra constitucional, sino que se verifique en el campo de los hechos.

En esas condiciones, es posible encarar una vasta tarea de ampliación de nuestras fronteras productivas, a partir de la realización de múltiples obras de infraestructura que permitan impulsar una nueva epopeya colonizadora del territorio nacional, de dimensiones semejantes a la que, desde mediados del siglo XIX, sentó las bases de la Argentina del primer centenario.

Esto requiere una mayor, mejor y coordinada infraestructura de transportes y comunicaciones: trenes, autopistas, obras energéticas, dragado de ríos y ampliación del sistema de telecomunicaciones, factores indispensables para la creación de incentivos para una redistribución más equilibrada de la población. En ese terreno, la prioridad es la reconstrucción del sistema ferroviario y un sistema de conexiones aéreas múltiples, abierto y de bajo costo.

Del mismo modo, resulta fundamental avanzar en la materialización de las conexiones bioceánicas. Históricamente, la economía argentina tuvo la mirada puesta casi exclusivamente en la frontera atlántica, que la une con Europa. Ahora tiene que profundizar su frontera americana que nos vincula con los países vecinos y a través de Chile con el Océano Pacífico, que es la vía de comunicación con los grandes mercados del sudeste asiático, principal locomotora hoy de la economía mundial.

Esta visión tiene que complementarse con el diseño de una política territorial y demográfica que corrija la continuación de un proceso de urbanización anárquico y desordenado. Esta política no supone en absoluto promover la exclusión de quienes deseen vivir bajo la ley en suelo argentino, sino el propósito de impulsar un ordenamiento racional del desarrollo urbano.

TRANSPARENCIA Y DECENCIA COMO PARTE FUNDAMENTAL DEL MODELO DE DESARROLLO

Un programa estratégico para el desarrollo de la Argentina demanda contar con el protagonismo de un Estado inteligente y eficiente que sea capaz de sostener una relación virtuosa con los sectores económicos particulares, para dinamizar las herramientas que permitan alcanzar los objetivos que se propongan.

Esa relación interactiva con el sector privado tiene que estar dotada de una absoluta transparencia como característica ineludible de la gestión y la administración. Este punto tiene que ser uno de los ejes principales de un entendimiento nacional, en el que deben confluir todas las organizaciones políticas y también sociales y sectoriales, comprometidas para producir un cambio fundamental destinado a recuperar la credibilidad y la confianza pública.

Así como la convivencia política instaurada a partir de la restauración de la democracia en 1983 estuvo basada en un pacto social fundado en el “Nunca Más” al terrorismo de Estado, en esta nueva etapa es necesario un acuerdo nacional para erradicar definitivamente la “corrupción de Estado”, asumido como un compromiso irrevocable de todos los argentinos.

Porque en la Argentina la corrupción se ha transformado en un fenómeno de carácter sistémico. Combatirla demanda una respuesta de fondo, acorde con la gravísima amenaza que significa para la democracia. No corresponde ignorar que detrás de cada funcionario corrupto hay un empresario que paga y se distribuyen los beneficios. La ley tiene que ser igual para todos y su cumplimiento irrestricto una obligación ineludible que no admite excepciones.

El mayor incentivo para la corrupción es la impunidad, cuya existencia es responsabilidad de los magistrados. Frente a ello, el Poder Judicial debe producir una profunda recomposición en el propio cuerpo, para poder desarrollar una acción despojada de sospechas que brinde, con eficacia y sin demoras, las respuestas que reclama la ciudadanía.

La política tampoco puede desentenderse de la responsabilidad que le corresponde en esta situación, asegurando las herramientas para investigar y sancionar esos

delitos. Al mismo tiempo, se necesita impulsar una reforma procesal para simplificar y agilizar la tramitación de los juicios, sin perjuicio de la calidad de la justicia y los principios del derecho.

Es urgente recuperar la moral y la ética en la vida pública, promoviendo los castigos que correspondan para quienes se enriquecen ilícitamente y a costa de recursos públicos que se sustraen a quienes más necesitan la acción del Estado. Sólo la erradicación definitiva de este mal nos permitirá reconstruir la cultura del esfuerzo y el trabajo necesarios para progresar.

La Oficina Anticorrupción debe transformarse en un órgano independiente del Poder Ejecutivo. Los organismos de control y entes reguladores tienen que integrarse profesionalmente, funcionando con transparencia, responsabilidad y eficacia. Es necesario impulsar una nueva legislación para establecer un sistema similar al antiguo “juicio de residencia”, para que todo funcionario público, al abandonar su cargo, rinda cuentas sobre su gestión y patrimonio.

DEFENDER LA SOBERANÍA Y ASEGURAR LA PAZ INTERIOR

En un escenario mundial signado por los avances del delito transnacional, que incluye el narcotráfico, terrorismo, el lavado de dinero y la trata de personas, resulta necesario reformular las políticas de Seguridad y Defensa, para adecuarlas a estos nuevos desafíos.

La seguridad es un derecho fundamental que tiene al Estado como protagonista y garante. Las instituciones públicas tienen que definir, con una urgencia impostergable, una estrategia política eficaz, integral, compleja, multidisciplinaria y coordinada frente al delito, que garantice este derecho.

En este sentido, se requiere profundizar las tareas de prevención del delito, que exigen reforzar la inteligencia criminal para una mayor eficiencia en la lucha contra los delitos suprajurisdiccionales. No se trata sólo de garantizar la indispensable protección de nuestras fronteras, sino de establecer mecanismos transversales y transnacionales para proteger a la sociedad de estos flagelos.

También es necesario avanzar en la incorporación de nuevas tecnologías y en el establecimiento de mecanismos eficientes de control ciudadano sobre las fuerzas de seguridad, para enfrentar la corrupción, y los servicios de inteligencia, evitando que sean empleados ilegalmente con fines políticos.

Corresponde asimismo impulsar una profunda transformación del sistema penitenciario, para que las cárceles cumplan con su misión de promover la reinserción social y no sean un postgrado del delito.

Al mismo tiempo, hay que replantear la política de Defensa Nacional, que tiene que estar claramente subordinada a la política exterior. Si bien la integración regional ha eliminado las viejas hipótesis de conflicto con los países limítrofes, no puede ignorarse que la ocupación del espacio territorial (en especial la Patagonia), la preservación de nuestros recursos naturales, particularmente en nuestra plataforma submarina, y el pleno ejercicio de nuestra soberanía nacional, exigen una reestructuración de la Fuerzas Armadas, con una nueva perspectiva estratégica y tecnológica, que demande una redefinición de su misión y de su despliegue territorial, su equipamiento y su formación profesional.

UNA NACIÓN CON PRESENCIA EN EL MUNDO

La Argentina no puede recaer en un aperturismo indiscriminado ni en un aislacionismo suicida. La política exterior demanda una estrategia inteligente y pragmática, que articule una efectiva afirmación del interés nacional, especialmente la defensa de la producción y el trabajo argentino, con una cultura de la asociación apropiada a la época. También tiene que impulsar activamente su “poder blando”, a través de la promoción de sus recursos humanos destinados a la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la creatividad cultural, rubros en que el país tiene sobrados antecedentes y logros que le han merecido reconocimiento internacional.

El nuevo escenario mundial está caracterizado por el fin de la unipolaridad estadounidense, el ascenso de China y una creciente puja por la hegemonía internacional. Para afrontar esa realidad, es preciso enfatizar que la comprensión de la globalización como un fenómeno estructural no nos puede llevar a su ligera aceptación, ni a caer en un “globalismo” ingenuo que muchos predican pero que, en la práctica, tiene una aplicación demasiado limitada.

Por su ubicación geográfica y por su historia, el destino de nuestra Nación está indisolublemente unido al porvenir de la región. Esto implica que la prioridad estratégica es el fortalecimiento del MERCOSUR y los vínculos con Brasil, nuestro principal socio comercial, al igual que con Chile, que representa la vía de acceso a los grandes mercados del Pacífico.

La política exterior tiene que poner el acento en la construcción de ese eje regional, concebido con un criterio de regionalismo abierto, como impulsor activo de la unidad latinoamericana. Como protagonista de vínculos propios de multilateralismo, tiene que fomentar también la integración y la cooperación entre las naciones.

La Argentina debe aportar algo más al mundo que una presencia muda y temerosa. Puede y debe recuperar el reconocimiento internacional con una posición activa en defensa de la paz mundial, un fuerte protagonismo en la defensa de los derechos humanos y una posición decidida en favor de la protección del medio ambiente, bregando para erigirla en una causa común de la Humanidad, tal cual lo plantea el Papa Francisco en su encíclica “Laudato Si”.

Con todo ello, debemos recorrer el camino que nos lleve a ser una Nación respetada y considerada, por su conducta y su dignidad en el concierto mundial, devolviendo así a nuestro pueblo, el orgullo de ser argentinos.